


Next Generation EU es un paquete de estímulo impulsado por el Consejo Europeo y destinado a paliar los daños económicos y sociales sufridos en los países de la Unión Europea a consecuencia de la crisis sanitaria de 2020 mediante el fomento del empleo y el desarrollo sostenibles.
Está dotado con más de 750.000 millones de euros y se concreta en convocatorias, subvenciones y licitaciones que deben articularse en torno a la consecución de una serie de objetivos concretos. Entre ellos, se encuentran la promoción de la cohesión económica, social y territorial, el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de ajuste, la mitigación de las repercusiones sociales y económicas derivadas de la crisis y el apoyo a la transición económica y digital.
A nivel estatal, su desarrollo se articula en torno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que concreta la estrategia española para canalizar los fondos europeos. El Plan cuenta con cuatro ejes transversales, diez políticas palanca y treinta componentes, agrupados a su vez en diferentes programas de inversiones y reformas orientados a promover la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
En este contexto de colaboración público-privada impulsado por la Unión Europea, la Universidad de Salamanca, centro de referencia en materia de investigación e innovación a nivel autonómico, estatal e internacional, desarrolla la captación y gestión de fondos con el objetivo de contribuir al desarrollo de la Institución y de su entorno económico y social.
Con el fin de cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, esta página electrónica permite la consulta actualizada de la actividad desarrollada por la Universidad de Salamanca en el marco de la ejecución de los Fondos Next Generation EU.

Con arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, al ejecutar fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros, tanto en su condición de beneficiarios como de prestatarios de fondos, deberán adoptar medidas adecuadas tendentes a proteger los intereses financieros de la Unión y a velar por que la utilización de los fondos se ajuste al Derecho aplicable tanto de la Unión como nacional, especialmente en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Se dispone, así, la obligación de establecer un sistema de gestión de control interno eficaz y eficiente y, para ello, se definen una serie de obligaciones a cumplir por parte de los Estados miembros